Justicia Penal Ecuador

EL MERCURIO DE SANTIAGO, 16 DE FEBRERO 2012

POLÍTICA PÚBLICA.- El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, firmará el acuerdo que oficializa los TTD y dejan de ser plan piloto.

Acuerdo del Pleno:
Corte Suprema oficializa los tribunales de drogas y en 2012 se amplían hacia dos regiones

Ministerio de Justicia asumirá como unidad coordinadora a cargo de establecer un sistema informático de datos y de capacitar a los intervinientes, entre otras tareas.  

MARIO GÁLVEZ  
El 31 de enero pasado el pleno de la Corte Suprema mandató a su presidente, Rubén Ballesteros, a firmar el acuerdo con el Gobierno que convertirá los Tribunales de Tratamiento de Drogas en un procedimiento oficial.
Su puesta en marcha como política pública beneficiará a autores de delitos cuyas penas no superen los 3 años, sean adictos a la droga y acepten someterse a terapias de rehabilitación.
El Ministerio de Justicia asumirá como unidad coordinadora. Y en marzo se firmará el convenio interinstitucional entre el Poder Judicial, el ministerio, Fiscalía Nacional, Defensoría, Sename, Gendarmería, Fundación Paz Ciudadana y Senda.
La subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, informó que como primera medida, este año se decidió extender los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) a las regiones VI (O'Higgins) y VII (El Maule).
Actualmente se aplica, como plan piloto, en las regiones de Antofagasta (II), Tarapacá (I), Valparaíso (V) y Metropolitana (fiscalías Centro Norte, Sur, Oriente y Occidente). También aumentarán en 70% los cupos, lo que significa que 520 personas podrán pasar por el sistema.
"Nuestro calendario de ampliación considera llegar a todas las capitales regionales y esperamos que en 2015 esté funcionando en todas las regiones del país", explicó.
La autoridad señaló que la función del Ministerio en este caso será desarrollar un sistema informático para captar todos los casos y suministrar información a todos los actores; deberá capacitar a los intervinientes; y deberá gestionar un proyecto de ley para ampliar esta política pública a otras figuras, como por ejemplo, a la suspensión de la ejecución de la pena.
Un estudio de Fundación Paz Ciudadana señala que mientras el costo de mantener a un condenado en una cárcel fluctúa entre $284.511 y los $550 mil -dependiendo si éstos están en penales de administración directa o concesionada-, el proceso de tratamiento de los TTD es de unos $160 mil por infractor.
Por ello que el Gobierno también espera usar este modelo para aplicarla en la Ley 18.216, sobre medidas alternativas para el cumplimiento de penas restrictivas o privativas de libertad. .
"Esta ley contempla la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva y en esos dos tipos de penas se pueden establecer un conjunto de condiciones. Una de ellas es el sometimiento a tratamiento bajo supervisión judicial, por lo que esperamos incluir el modelo TTD", explicó la subsecretaria Pérez.
17 de los 75 egresados del sistema durante 2010 volvieron a delinquir.
12,6% de los 325 casos vigentes en los TTD corresponde a mujeres.
21 tribunales trabajan con la modalidad a lo largo del país.
70% de aumento en los cupos para los TTD habrá durante este año.